Desde el año 2015, la UNESCO celebra cada 28 de septiembre el día internacional dedicado al derecho de acceso a la información, incluido en su Agenda 2030 para garantizar la protección de las libertades fundamentales en todo el mundo.
Pero la realidad es que en nuestro país había poco que celebrar.
Coincidiendo con ese mismo día, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras alertaba de las campañas de desprestigio, el acoso y las presiones que sufren informadores españoles y extranjeros en Cataluña por parte de los poderes públicos autonómicos por el simple hecho de escribir ‘verdades incómodas’.
El acceso a la información es un pilar fundamental de cualquier Estado Democrático y de Derecho, y sin este pilar es imposible que tanto los ciudadanos, como los medios de comunicación y los representantes públicos podamos ejercer la labor de control, seguimiento y fiscalización de la gestión pública que nos corresponde a todos.
Allí donde no se protege y defiende el libre acceso a la información, se impide y se limita que se pueda formar una opinión pública libre.
La Constitución Española de 1978, tan criticada y denostada por algunos en las últimas semanas, además de sentar las bases de nuestro actual marco de convivencia, recoge un catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas que parecían impensables en nuestro país unos años antes.
Entre estos derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución se contempla precisamente este derecho de acceso a la información que se encuentra en manos de las entidades públicas, y establece además la obligación por parte del legislador de regular este libre acceso.
Defender este derecho es la mejor arma para combatir la corrupción y asegurar un buen manejo del dinero público.
Desde la llegada de Ciudadanos a las instituciones este ha sido uno de nuestros principales compromisos, y con este objetivo impulsamos y apoyamos en Valladolid la creación de dos comisiones de investigación que pretenden poner al alcance de los ciudadanos toda la información acerca de dos de los proyectos que más páginas de periódicos ha llenado en las últimas décadas, que más desembolso de dinero público han supuesto, y que peor han sido gestionados por las administraciones públicas.
En el caso de la comisión de investigación sobre la gestión del frustrado proyecto de soterramiento de las vías del tren, hasta el momento se ha puesto de manifiesto la total falta de información y documentación en manos del Ayuntamiento del que era y es el proyecto más importante para el futuro de Valladolid.
¿Se puede gestionar un proyecto sin documentación? ¿Se puede controlar la gestión y el gasto público sin acceder a la información?
La respuesta parece clara, pero la realidad es bien distinta.
El Ayuntamiento, que es socio de la sociedad encargada de su gestión desde el año 2003, no sólo no puso la información a disposición de los ciudadanos, sino que además carecía de gran parte de esta documentación en las dependencias municipales.
Situación similar ocurre con el fallido proyecto de Meseta Ski, gestionado por la empresa pública dependiente de la Diputación de Valladolid. La Comisión de investigación que está actualmente en marcha ha permitido sacar a la luz documentación hasta ahora desconocida que ya desde el inicio del proyecto ponían de manifiesto la existencia de impedimentos medioambientales a la construcción de este complejo de ocio.
Por si eso no fuese suficiente, gran parte de la documentación sobre este proyecto ni tienen fecha, ni están firmadas ni aparecen registradas.
El resultado es que un proyecto presupuestado inicialmente en algo más de 4 millones de euros ha supuesto ya para las arcas públicas un desembolso de casi 12 millones.
Desde las instituciones debemos garantizar a los ciudadanos el acceso a la información que se encuentra en manos de la administración sin intromisiones, presiones o coacciones como desgraciadamente sigue sucediendo actualmente.
El acceso público a toda esta información permitiría descubrir casos de gestión ineficaz e irresponsable del dinero público, como los de Meseta Ski y el soterramiento que los ciudadanos tienen derecho a conocer.
Garantizar este derecho fundamental es una obligación que nos compete a todos.