• El pleno ordinario del mes de junio de la Diputación de Valladolid ha aprobado la proposición presentada conjuntamente por Ciudadanos y el PP por la que se exigirá al Gobierno de España que no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y que respete las decisiones judiciales.

“A los españoles no les han indultado la cuota de autónomos, ni los impuestos a las pymes, ni a las familias la factura de la luz más cara de la historia”, ha asegurado la portavoz del grupo provincial Ciudadanos, Gema Gómez, quién ha recordado que, en octubre de 2019, Sánchez dijo que “el acatamiento de las sentencias significa su cumplimiento íntegro”, y Carmen Calvo, por su parte, aseguró que “habría respeto estricto”.

Gómez, quien también es la vicepresidenta segunda de la Institución provincial, se ha dirigido al grupo socialista para preguntarles si “mentían en ese momento”, o, haciendo referencia a sus propias palabras vertidas contra Ciudadanos “¿Eran ustedes unos fachas vengativos con ganas de romper la concordia?”.

“Todo esto, ¿por qué es? ¿Qué ha cambiado en el PSOE? ¿Ustedes mentían en campaña electoral en 2019 o es que ahora tienen unos objetivos diferentes?”, ha cuestionado la portavoz provincial de Ciudadanos.

“La debilidad política y parlamentaria de los partidos que forman el Gobierno de España, y su dependencia de los partidos independentistas”, ha argumentado Gómez, “son la causa que determina esta maniobra que supone un menosprecio completo a las instituciones, a las leyes y a la Constitución Española”.

“NO se le puede conceder el indulto a alguien que no se arrepiente, saca pecho por ello y dice que lo va a volver a hacer”, ha zanjado la vicepresidenta de la Institución provincial.

Por todo, la Diputación de Valladolid instará al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del ‘Procés’, que, además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados. La Institución expresa así su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y a la Unidad de la Nación, al ordenamiento jurídico español y al sistema judicial.